Como si nada hubiera cambiado

Escrito por Juan Simón Cancino Peña.

La ramplona politiquería más que la política ejercida con dignidad, consiste en que los gobernantes de turno ajusten sus versiones de la realidad a usos del lenguaje pletóricos de eufemismos.  Es del caso que si el manzanillo de ocasión tiene sus orígenes en el ejercicio de la oposición, más tarde que temprano sus máximas terminan pareciéndose a lo que antes criticaba, en tanto que si es tan solo un eslabón en la cadena interminable de quienes casi que por heredad detentan el poder, su tarea no consistirá en otra cosa que en la perpetuación del Statu Quo.

Será tal vez por eso que el nuevo poseso de la politiquería nacional, que en mala hora sucedió en el protagonismo del ridículo diario y carente de pudores al enajenado expresidente del carriel y del zurriago, anda perorando como Rin Rin Renacuajo aunque nunca tan tieso y tan majo, que los ataques al luciferino Transmilenio son una conspiración a su preclaro gobierno, y que la turbamulta tal y como si se tratare de un juego de títeres, fue orquestada por fuerzas oscuras.

Bravo doctor Petro, rabo y oreja para usted, ya aplica las mismas monsergas de todos los politiquerillos que durante toda nuestra historia nos han gobernado: ya aprendió y con creces la adánica tara de aplicar el espejo retrovisor para luego refundar el mundo sobre sus propios evangelios, avanza con lujo de detalles en aquello de de descalificar a quienes no piensan como usted, y magnífico en la máxima luiscatorcesca de creer que el Estado es usted aunque a diferencia del llamado rey sol usted acaso llegue a pavesa.

El otrora subversivo y tan digno en su papel de opositor, con la aclaración que pocas cosas tan dignificantes para el espíritu humano que el pensamiento que encarna rebeldía, ahora se comporta como cualquier Samuel, con perdón de la capitana, pues no teniendo inteligencia para gobernar como se preveía y advirtió hasta la saciedad, eso en el supuesto que gobernar con inteligencia se haya practicado alguna vez por estos andurriales, ahora acusa a las masas de actuar por mandato superior a su capacidad de comprensión.    

Ay doctor Petro, usted indignado y con usted la sociedad entera porque unos inconformes la emprendieron a palos contra algunas estaciones de Transmilenio, como si eso fuera cosa grave en un país donde entre políticos, militares, guerrilleros y exguerrilleros han grabado en la memoria colectiva desastres que son mucho más importantes que unos pedazos de vidrios rotos por ciudadanos cuyo único pecado fue recordarle lo mal que lo está haciendo; enfatizar en los desórdenes y en los traumatismos que estos generaron, es seguir buscando la fiebre en las sábanas cuando ésta no está en otra parte que no sea en la cabeza calenturienta de nuestro Luís XIV.

Pero lo realmente deplorable compañero Gustavo, o tal vez deba decirle  excompañero, es que tenga la cachaza de decir que la gente se moviliza porque otros la compelen, como si la indignación no fuera propia de la naturaleza del género humano cuando se siente vulnerado, como si no fuera causa suficiente de la molestia el maniculiteteo diario al que son sometidas las damas y las que no lo son tanto, sumado al rechazo generalizado por las altas tarifas de un servicio que a todas luces es tan pésimo como los malos alcaldes.  Excompañero Gustavo, o doctor Gustavo si prefiere, ya es usted un clon de tanto general y tanto gobernador, que al primer amago de movilización ciudadana no le queda de otra que decir que son fuerzas oscuras las que invitan a la protesta.

El ejercicio de la politiquería consiste en gobernar sobre el desconocimiento del mandato ciudadano, ese ciudadano que se supone y se desea heterónomo, pues entre menos proteste menos problemas dará, sumado a la presencia emergente de un líder carismático que todo lo puede, que da garrote con la diestra y zanahoria con la siniestra, en tanto que se esmera con denuedo por convencer a su redil que este no piensa, y que de atreverse a hacerlo algún día, será porque otros lo habrán manipulado y no porque tenga motivos objetivos para hacerlo. Doctor tavito, ya es momento que entienda que la gente no jode por joder, y que si se causaron daños pues arréglelos, pero por amor de Dios, cállese y dedíquese a gobernar, y demuestre que usted es el cambio de una izquierda que gobierna tan bien como habla. 

  

                                                                                                      
 Juan Simón Cancino Peña.

¿Y de la justicia qué?

Por: Juan Simón Cancino Peña.

Ya reza y con certeza en demasía una de las máximas más elocuentes de la popular Ley de Murphi, según la cual la música militar es a la música lo que la justicia militar es a la justicia, ello a propósito de la discusión sobre la existencia de una justicia independiente que juzgue los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en ejercicio de sus labores en Colombia.

Aquí no se justifica detenerse en consideraciones de tipo legal, que para ello están los expertos que más y mejores explicaciones tendrán que su servidor; en cambio se podría recordar la frase sabia del escritor ruso Feodor Dostoievski  cuando dijo que la tragedia de una sociedad se mide por la cantidad de sus cárceles y sus reclusos, argumento que contrasta con la realidad de la sociedad colombiana si se tiene en cuenta la cantidad de los miembros de su fuerza pública y de las gabelas que estos disfrutan en comparación con la miseria latente de millones de personas.    

Los miembros de la fuerza pública detentan por mandato legal la representación del Estado en el monopolio del uso de las armas, y si bien el poder militar está subordinado al civil, tener armas implica una relación de poder explícita a favor de quien las porta, más allá del argumento que esas mismas armas se usan para defender el imperio de la ley, y por ende a los ciudadanos en la protección de sus vidas y de sus bienes materiales.

El argumento más fuerte para que en Colombia los militares cuenten con una justicia independiente radica en la existencia de un conflicto armado, que pone a la fuerza pública en situación de combate frente a otras estructuras militares, y que los desafueros cometidos en el fragor de la batalla en la mayoría de los casos no se explican como actos delictivos sino como resultados propios de la guerra, dinámica que según quienes defienden el fuero no están al alcance de la comprensión de quienes nunca se han enfrentado al enemigo en el campo de batalla.

Baste recordar que los militares también gozan de un régimen pensional ventajoso desde todo punto de vista, beneficios otorgados en la medida que el conflicto interno ha ido en aumento, cuantiosos recursos que pagan todos los colombianos con el fruto de su trabajo diario, con el inspirador argumento que del fortalecimiento y bienestar de los miembros de la fuerza pública dependen la democracia, la unidad nacional y la libertad.   

Valdría la pena preguntarse en cuánto aumentaría la dignidad de todos los miembros de la fuerza pública, pero sobre todo la de la sociedad colombiana, si su régimen pensional fuera el mismo que el de cualquier colombiano, sin que para defenderse contaran con argumentos distintos al que lo merecen por sus enormes esfuerzos al servicio de la patria, cuando allí están por voluntad y no por obligación, con excepción hecha, claro está, de los hijos de vecino que a la fuerza son llevados a prestar el servicio militar obligatorio, para recibir en contraprestación un pedazo de papel que sirve para trabajar como guarda de seguridad o como albañil, y a los que nunca les explican que existe un principio universal tan odiado por todos los cuerpos armados y que responde al nombre de objeción de consciencia.

Ya es hora entonces que por ejemplo los médicos exijan la existencia no de tribunales especializados sino de una justicia paralela e independiente como pretenden los militares en Colombia, a fin que se les juzgue por procedimientos inadecuados en el curso de una operación, so pretexto que nadie más que uno de sus pares tiene la capacidad de juzgarlos en virtud que nunca se han enfrentado a un procedimiento quirúrgico, mismos argumentos que podrían pretextar otros profesionales.

Una justicia independiente como pretenden los militares es distinta a una justicia especializada, dado que esta última difiere de aquella en que los jueces son especialistas pero actúan amparados por el derecho ordinario, en tanto que aquellos cuentan con un fuero especial adscrito a la misma institución de la que dependen a quienes tendrán la responsabilidad de juzgar, lo que en el fondo se constituye en afrenta para el resto de la sociedad, pues como ha sido comprobado en tantas otras oportunidades, más puede la unidad de cuerpo y de doctrina que la aplicación de la justicia, lo que resulta tan improcedente como amarrar a un gato con longaniza.

Construir en el imaginario colectivo la idea que los miembros de la fuerza pública son los héroes de nuestro republicanismo, se constituye en justificación indiscutible para que sean tratados como ciudadanos de primera en detrimento del resto de la sociedad, patentando la creencia que su presencia en la vida nacional es indispensable para mantener la supervivencia como cuerpo social cohesionado; los militares no son héroes de la patria ni mucho menos ciudadanos de primera, y los privilegios que con flagrante injusticia disfrutan son el resultado de una guerra interna que nadie como quienes portan armas, tanto las legales como las ilegales han sabido cultivar, soportados en la fuerza y amparados en discursos mesiánicos y maniqueos.