¿Y de la justicia qué?

Por: Juan Simón Cancino Peña.

Ya reza y con certeza en demasía una de las máximas más elocuentes de la popular Ley de Murphi, según la cual la música militar es a la música lo que la justicia militar es a la justicia, ello a propósito de la discusión sobre la existencia de una justicia independiente que juzgue los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en ejercicio de sus labores en Colombia.

Aquí no se justifica detenerse en consideraciones de tipo legal, que para ello están los expertos que más y mejores explicaciones tendrán que su servidor; en cambio se podría recordar la frase sabia del escritor ruso Feodor Dostoievski  cuando dijo que la tragedia de una sociedad se mide por la cantidad de sus cárceles y sus reclusos, argumento que contrasta con la realidad de la sociedad colombiana si se tiene en cuenta la cantidad de los miembros de su fuerza pública y de las gabelas que estos disfrutan en comparación con la miseria latente de millones de personas.    

Los miembros de la fuerza pública detentan por mandato legal la representación del Estado en el monopolio del uso de las armas, y si bien el poder militar está subordinado al civil, tener armas implica una relación de poder explícita a favor de quien las porta, más allá del argumento que esas mismas armas se usan para defender el imperio de la ley, y por ende a los ciudadanos en la protección de sus vidas y de sus bienes materiales.

El argumento más fuerte para que en Colombia los militares cuenten con una justicia independiente radica en la existencia de un conflicto armado, que pone a la fuerza pública en situación de combate frente a otras estructuras militares, y que los desafueros cometidos en el fragor de la batalla en la mayoría de los casos no se explican como actos delictivos sino como resultados propios de la guerra, dinámica que según quienes defienden el fuero no están al alcance de la comprensión de quienes nunca se han enfrentado al enemigo en el campo de batalla.

Baste recordar que los militares también gozan de un régimen pensional ventajoso desde todo punto de vista, beneficios otorgados en la medida que el conflicto interno ha ido en aumento, cuantiosos recursos que pagan todos los colombianos con el fruto de su trabajo diario, con el inspirador argumento que del fortalecimiento y bienestar de los miembros de la fuerza pública dependen la democracia, la unidad nacional y la libertad.   

Valdría la pena preguntarse en cuánto aumentaría la dignidad de todos los miembros de la fuerza pública, pero sobre todo la de la sociedad colombiana, si su régimen pensional fuera el mismo que el de cualquier colombiano, sin que para defenderse contaran con argumentos distintos al que lo merecen por sus enormes esfuerzos al servicio de la patria, cuando allí están por voluntad y no por obligación, con excepción hecha, claro está, de los hijos de vecino que a la fuerza son llevados a prestar el servicio militar obligatorio, para recibir en contraprestación un pedazo de papel que sirve para trabajar como guarda de seguridad o como albañil, y a los que nunca les explican que existe un principio universal tan odiado por todos los cuerpos armados y que responde al nombre de objeción de consciencia.

Ya es hora entonces que por ejemplo los médicos exijan la existencia no de tribunales especializados sino de una justicia paralela e independiente como pretenden los militares en Colombia, a fin que se les juzgue por procedimientos inadecuados en el curso de una operación, so pretexto que nadie más que uno de sus pares tiene la capacidad de juzgarlos en virtud que nunca se han enfrentado a un procedimiento quirúrgico, mismos argumentos que podrían pretextar otros profesionales.

Una justicia independiente como pretenden los militares es distinta a una justicia especializada, dado que esta última difiere de aquella en que los jueces son especialistas pero actúan amparados por el derecho ordinario, en tanto que aquellos cuentan con un fuero especial adscrito a la misma institución de la que dependen a quienes tendrán la responsabilidad de juzgar, lo que en el fondo se constituye en afrenta para el resto de la sociedad, pues como ha sido comprobado en tantas otras oportunidades, más puede la unidad de cuerpo y de doctrina que la aplicación de la justicia, lo que resulta tan improcedente como amarrar a un gato con longaniza.

Construir en el imaginario colectivo la idea que los miembros de la fuerza pública son los héroes de nuestro republicanismo, se constituye en justificación indiscutible para que sean tratados como ciudadanos de primera en detrimento del resto de la sociedad, patentando la creencia que su presencia en la vida nacional es indispensable para mantener la supervivencia como cuerpo social cohesionado; los militares no son héroes de la patria ni mucho menos ciudadanos de primera, y los privilegios que con flagrante injusticia disfrutan son el resultado de una guerra interna que nadie como quienes portan armas, tanto las legales como las ilegales han sabido cultivar, soportados en la fuerza y amparados en discursos mesiánicos y maniqueos.